[13:58, 13/5/2025] Radio Virtual: En un giro inesperado, el Gobierno de Javier Milei derogó la polémica Resolución 187/2025 que establecía un nuevo procedimiento para auditar las pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida, anunciada con firmeza en enero, fue anulada tras detectarse «diversas observaciones y oportunidades de mejora» en los criterios de evaluación iniciales, según detalló el Ejecutivo. La derogación se formalizó este martes con la publicación de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el Boletín Oficial.
Según los considerandos de la nueva resolución, el cambio de rumbo se debió a la identificación de problemas en el «Baremo» original, el procedimiento establecido en enero. Desde Casa Rosada se hizo especial hincapié en la necesidad de incorporar «referencias a normativas internacionales» en la evaluación de la invalidez laboral, un aspecto que aparentemente no había sido contemplado adecuadamente en la normativa anterior.
[13:58, 13/5/2025] Radio Virtual: La resolución derogada preveía una revisión exhaustiva de más de un millón de beneficiarios, incluyendo entrevistas y verificaciones médicas. El Gobierno había justificado estas auditorías alegando la detección de numerosos casos de fraude, como beneficiarios sin discapacidad certificada, documentación falsificada e incluso personas privadas de la libertad que seguían cobrando las pensiones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó a hablar de un «esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad», asegurando que aproximadamente el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos.
Sin embargo, tras la publicación de la Resolución 187/2025, la propia Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó una revisión profunda y la «elaboración de una nueva propuesta que actualice los criterios técnicos y metodológicos para la evaluación de la invalidez laboral». Esta recomendación se basó en la detección de que algunos criterios de revisión iniciales «no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad»
[13:58, 13/5/2025] Radio Virtual: Hasta el anuncio de la derogación, se había iniciado un proceso escalonado de auditorías, priorizando las pensiones más recientes. La primera fase consistía en el envío de cartas documento a los beneficiarios, citándolos a un turno médico gestionado por PAMI, donde debían presentar la documentación requerida. La segunda etapa involucraba a profesionales del PAMI realizando entrevistas y controles. Finalmente, en la tercera etapa, la ANDIS analizaba la documentación y emitía los dictámenes determinando la continuidad o suspensión del beneficio.
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